El arquitecto Fernando Belaunde resultó así elegido
Presidente Constitucional para el período 1963-1969. Su obra estuvo orientada
mayormente a las grandes obras públicas: construcción de carreteras
(principalmente la Marginal de la Selva), aeropuertos, conjuntos
habitacionales, reservorios, etc.; asimismo, restituyó el origen democrático de
las autoridades municipales. Sin embargo, su labor fue obstaculizada
constantemente en el parlamento por la oposición de los partidarios del general
Odría (agrupados en la ultraderechista UNO) y del APRA; estos dos partidos, que
años antes habían sido encarnizados enemigos, formaron la llamada COALICIÓN,
poniendo en minoría parlamentaria a los representantes de los partidos de gobierno:
Acción Popular y la Democracia Cristiana, que formaron la llamada ALIANZA.
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| Fernando Belaunde Terry
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En cuanto a política económica, Belaunde no pudo
controlar la inflación y la moneda nacional sufrió una drástica devaluación el
1 de septiembre de 1967. Asimismo se elevó la deuda externa.
Se produjeron algunos levantamientos de campesinos y
brotes guerrilleros en zonas andinas afectadas por la pobreza y la opresión de
los terratenientes y que fueron reprimidas rápidamente con ayuda del ejército.
Se acrecentaron las migraciones internas, del campo a la ciudad, especialmente
en Lima, donde surgieron numerosos barrios marginales, que se denominaron
después “pueblos jóvenes”, que
agudizaron el problema de la vivienda y aumentaron el índice de desocupación.
Belaunde
inició la reforma agraria que afectaba principalmente a los latifundios no
cultivados de la sierra y la costa, pero sin tocar a los que tenían un
rendimiento eficiente, como los agroindustriales de la costa. Trató también de
resolver el asunto del petróleo con la International Petroleum Company (IPC).
El 13 de agosto de 1968 se suscribió el Acta de Talara, por el cual todos los
campos petroleros pasaban a poder de la estatal Empresa Petrolera Fiscal (EPF),
mientras que la IPC conservaba la refinería de Talara, el sistema de
distribución nacional del combustible y las llamadas Concesiones Lima.
EL ACTA DE TALARA Y EL ESCÁNDALO DE LA PÁGINA 11
Al asumir la presidencia Belaúnde ofreció resolver el
problema de La Brea y Pariñas en 90 días. Este era un pleito vergonzoso para la
nación y que tenía ya varias décadas sin resolverse; consistía en que la
compañía norteamericana International Petroleum Company (IPC) venía explotando
ilegalmente los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas, situados en el
norte del Perú, sin aportar al fisco el monto adeudado, que se había venido
acumulando al pasar los años.
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| La Brea y Pariñas, el petroleo peruano para los peruanos |
Belaunde envió al Congreso un proyecto para declarar
nulos los llamados acuerdo, convenio y Laudo de París (firmados en tiempos de Augusto
B. Leguía y que favorecían a la IPC) y solicitó que los campos de La Brea y
Pariñas pasaran a poder de la Empresa Petrolera Fiscal (entidad estatal).
El
Congreso dio la Ley Nº 14.696, que declaraba nulo el Laudo, pero no se
pronunció sobre el segundo punto. El Poder Ejecutivo promulgó la ley el 4 de
noviembre de 1963, quedando autorizado para buscar una solución al viejo
problema.
En julio de 1968, ante las presiones de los grupos de
poder económico, se iniciaron tratos con la IPC en Palacio de Gobierno.
El 13
de agosto se firmó el Acta de Talara por el cual todos los campos petroleros
pasaban a poder de la Empresa Petrolera Fiscal (EPF), mientras que la IPC
conservaba la refinería de Talara, el sistema de distribución nacional del
combustible y las llamadas Concesión
